El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elevado el tono de sus declaraciones sobre el narcotráfico. En septiembre de 2026 sostuvo que las redes criminales han pasado de la marihuana a la cocaína, que utilizan armas de guerra y que el Estado debe reforzar su respuesta. Incluso planteó recurrir a la Armada para proteger las costas andaluzas.
Días antes, Moreno había reclamado más medios para combatir la expansión de estas redes y exigido recuperar OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil que operó entre 2018 y 2022. Su argumento es que su desaparición supuso un retroceso en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno central, por su parte, sostiene que sus efectivos y funciones se integraron en una estructura permanente. RTVE, 23/08/2026.
Pero hay preguntas que merecen respuestas concretas:
- ¿Qué drogas están entrando y por qué rutas? Hay que diferenciar el tráfico de hachís, marihuana y cocaína, sin tratarlos como un único fenómeno.
- ¿Qué está pasando en Málaga y la Costa del Sol? Conviene examinar las operaciones policiales, las incautaciones, las armas intervenidas y la evolución de la violencia.
- ¿Qué medidas propone la Junta, además de reclamar recursos al Gobierno central? La prevención, la atención a las adicciones, la intervención en entornos vulnerables y la persecución del blanqueo también forman parte del problema.
- ¿Cómo se medirá la eficacia? Con datos comparables sobre droga incautada, redes desarticuladas, patrimonio decomisado, detenciones y resultados judiciales, no solo con declaraciones políticas.
La Fiscalía Antidroga también ha advertido de la dimensión estructural del problema y de la creciente violencia vinculada a estas organizaciones. En Málaga, el fiscal antidroga ha señalado recientemente la importancia de seguir el rastro del dinero y reforzar los recursos de investigación.
La cuestión no es quién pronuncia el discurso más duro, sino qué estrategia funciona y quién responde por sus resultados. Si el narcotráfico se está extendiendo, Andalucía necesita datos transparentes, coordinación policial y judicial, recursos suficientes y una política sostenida contra las redes que mueven la droga y el dinero.